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Las alcantarillas valencianas se han hecho viejas

La red de alcantarillado de la Comunidad Valenciana necesita una renovación urgente ya que sus instalaciones se han quedado obsoletas. Así lo asegura la Sindicatura de Comptes a través de un informe publicado recientemente que analiza el estado de las infraestructuras del ciclo integral del agua en los municipios valencianos con más de 100.000 habitantes.

El informe concluye que, en general, las empresas operadoras del servicio de abastecimiento “realizan una gestión eficiente del servicio y un control efectivo de este”, con un rendimiento hidráulico superior al 83%, semejante al del conjunto de España.

Sin embargo, la Sindicatura recomienda aumentar la tasa de renovación de la red y la de los contadores para frenar el envejecimiento de la infraestructura, ya que este “aumenta el riesgo de perder los niveles actuales de calidad del servicio”.

En concreto, el 61% de las alcantarillas de la región tiene más de 30 años, una cifra muy superior a la media española, donde solo el 42% de las canalizaciones de aguas residuales supera la treintena. Por todo ello, los autores del informe aseguran que los operarios de pocería y saneamiento de la Comunidad Valenciana realizan un trabajo eficiente y efectivo pese a que desempeñan su labor en una red de alcantarillado que urge modernizar para evitar un empeoramiento de los servicios que reciben los ciudadanos.

El envejecimiento de la red “reduce la eficiencia de la capacidad instalada, aumentando los costes no solo económicos, sino también los ambientales, a través de las pérdidas de agua y/o vertidos no tratados, así como los costes sociales, debido al aumento del riesgo de fallos del sistema y de cese del servicio”, recuerda la Sindicatura.

Entre sus recomendaciones, el informe indica que, en un entorno caracterizado por el estrés hídrico, resulta preciso garantizar una adecuada gestión de los recursos y para ello los gestores de los servicios deben priorizar la mejora continua del rendimiento hidráulico, intensificando la adopción de medidas en las áreas de transformación digital, eficiencia energética y economía circular.

“Las entidades locales deben aumentar el esfuerzo inversor y por ello deberían actualizar periódicamente los estudios de costes que soportan sus tarifas o tasas derivadas del ciclo integral del agua” señala.